Tensión en el terreno: Municipios y telcos en disputa por el acceso a la infraestructura
Con una cifra que resuena como un retumbar de advertencias, la disputa entre municipios y empresas de telecomunicaciones obstaculiza inversiones esenciales de u$s12.600 millones para la conectividad en Argentina. Los mencionados inconvenientes regulan no solo el acceso a infraestructura, como postes, sino que también desafían la economía de escala que estas empresas intentan implementar.
En el centro del conflicto, los municipios, con sus exigencias arbitrarias y tasas municipales elevadas, impactan directamente en la calidad y cobertura para millones de usuarios. Mientras tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ha intervenido para mitigar este caos, subrayando la necesidad imperiosa de una colaboración en infraestructura.
Resoluciones firmes, casos paradigmáticos y un conflicto latente
El ente regulador promulgó resoluciones obligando al uso compartido de infraestructura. Un ejemplo clave fue la decisión relacionada con la cooperativa eléctrica de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, que tuvo que permitir que Mega Sat SRL, un proveedor local de internet, utilizara sus postes.
Esta sonada declaración parece ser más que necesario un primer paso. Telefónica, Telecom y Telecentro también han recibido órdenes similares en la Capital Federal. Este conflicto no solo reta la capacidad de innovación y crecimiento del sector, sino que también resalta cómo las normas municipales a menudo chocan con las reglas federales.
El impacto de la incomprensión entre el ámbito municipal y la normativa nacional se hace evidente en las tarifas para los usuarios. Estudios recientes, como el de Deloitte, advierten que más del 40% del costo de un abono de internet corresponde a impuestos y tasas, variables que afectan significativamente el bolsillo.
Jurisprudencia y posibles vías de resolución
El antecedente de Pehuajó se sitúa junto a otro relevante en el partido de Esteban Echeverría, donde las multas a Telefónica fueron anuladas por contravenir la legislación nacional, una saga que ya había tenido un capítulo previo cuando la Corte Suprema derogó una ordenanza en la ciudad de Güemes, Salta.
A pesar del camino recorrido, el desafío de la fragmentación normativa sigue complicando el despliegue de infraestructura. Entre Ríos ha comenzado a mostrar signos de avance con normativas digitales más sencillas. Sin embargo, el tejido nacional varía y, en palabras de Agustín Siboldi del estudio O’Farrell, la capacidad de los municipios para imponer creativas barreras sigue presente.
La industria continúa buscando soluciones estructurales, abogando por una ordenanza federal modelo que toda jurisdicción debería seguir para regular de manera homogénea, y proponiendo la implementación de una ventanilla única digital para facilitar procesos.
¿Qué hay en juego?
En el horizonte de la conectividad, el despliegue de tecnología 5G en Argentina podría impactar hasta u$s302.000 millones en 2035, según cifras de Deloitte. Sin embargo, las actuales disputas frenan este avance que es vital no solo para el sector empresarial, sino para el desarrollo equitativo digital—un factor ineludible para el progreso socioeconómico del país.
La incertidumbre legal ya ha demostrado ser un oponente formidable. Por esto, encontrar una solución federal integral resulta no solo conveniente, sino esencial para evitar litigios costosos y constantes, estableciendo un marco con reglas claras y estables que fomenten la competencia y la inclusión.