Durante la intensa y colorida campaña electoral que terminó en Argentina con el triunfo -indiscutible- de Javier Milei, hay quienes afirman que muchos de sus ingredientes “ultras” serán pasados al desván por el pragmatismo que ha de imponerse. Podría ser.
El primer hecho evidente es que, a no dudarlo, debería tener en cuenta el nuevo gobernante que muchísimos de los votos conseguidos en las provincias -en donde Milei “barrió” son más expresión de hartazgo frente a la incontenible y sostenida crisis económica e inflacionaria y ante la percepción sobre la corrupción en el poder. Y no tanto por identificación con el negacionismo ante el cambio climático o la oposición a las funciones sociales del Estado. Diera la impresión que ese descontento y frustración es, más bien, lo que en negativo, orientó a muchos a votar por quien consideraban un más firme contestatario del statu quo.
El segundo aspecto a tener en cuenta es la significación y repercusión de algunas de las ofertas de Milei durante la campaña. Muchas de las cuales son inviables por razones constitucionales o por afectar compromisos internacionales contraídos por Argentina. Un camino posible es que el nuevo Gobierno al instalarse el 10 de diciembre dejaría esa maraña arborescente de ofertas de campaña apuntando a objetivos inmediatos y resultados e impactos concretos en el presupuesto y la sociedad. Arrancando, por ejemplo, con un ajuste fiscal y privatizaciones, en un contexto en el que el sistema financiero internacional parece haber respondido positivamente (por ejemplo, la Bolsa de Nueva York) al triunfo de Milei.
En ese contexto, se argumenta, arrancaría haciendo en lo inmediato cosas diferentes a lo planteado y repetido en la campaña. Podría ser. Y no sería la primera vez que un candidato acaba borrando en los hechos las propuestas electorales. Pero, en cualquier caso, algo quedaría de ellas. ¿Son viables?
El análisis e impresión de muchos, dentro de los que me incluyo, es que, por una elemental cuota de realismo, la mayoría de las propuestas y enfoques sostenidos por Milei son de inviable realización. Ya no solo por su extremismo e impredecibles consecuencias sociales sino, concreta y pragmáticamente, por su confrontación con el ordenamiento constitucional y por su colisión con el sistema internacional del que Argentina es parte.
Empecemos por la Constitución argentina.
Lo han resaltado destacados constitucionalistas argentinos, como Raúl Gustavo Ferreyra. Requeriría el nuevo Gobierno (artículo 30 constitucional) el voto de las dos terceras partes del Congreso (con los que no cuenta Milei) y que se haga ello en una Convención especialmente convocada para el efecto.
El texto constitucional es amplio y detallista, y su modificación no es fácil. Y que tiene que ver con asuntos y temas como los siguientes: dolarización de la economía, eliminación del Banco Central, la portación libre de armas, venta de órganos de seres humanos, privatización del espacio público y la “destrucción o pulverización” de la justicia social, para dar solo unos ejemplos. E incluso chocando el alucinante planteamiento hecho por Milei de cortar relaciones comerciales con Brasil y China por su impacto en las relaciones exteriores.
Vamos, entonces, más allá de la barrera constitucional, al crucial espacio de lo internacional.
Fuesen o no absurdas, en cualquier caso, varias de las propuestas -o diagnósticos- presentadas serían inviables a la luz de obligaciones y compromisos internacionales de los que es parte Argentina. Apunto aquí exclusivamente a algunas de las más llamativas por chocar con claras obligaciones de derecho internacional y con aspectos medulares en las relaciones exteriores de Argentina (como sería cortar las relaciones comerciales con Brasil y la China).
¿Qué repercusiones tiene por ejemplo algo tan extremo e insostenible como la negación del calentamiento global hecha por Milei? Pues, además de lo insostenible del planteamiento, dada las numerosas evidencias científicas sobre el calentamiento global. La Constitución establece derechos y deberes claros en torno a la protección del medio ambiente: Con la reforma constitucional de 1994, Argentina consagra expresamente la protección del medio ambiente como una obligación. En efecto, la Constitución (artículo 41) establece que “los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” y las autoridades ” … el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. Asimismo, el derecho constitucional (artículo 43) de ejercer la acción de amparo ante afectaciones al medio ambiente.
A ello se añaden obligaciones internacionales de Argentina, formal y solemnemente contraídas. Que no solo van a contramano del negacionismo sobre el calentamiento, son indispensables para la protección del medio ambiente y que el poder ejecutivo no puede constitucionalmente desconocer.
Entre los tratados internacionales que tienen como telón de fondo asuntos como el calentamiento global y que establecen obligaciones ineludibles para Argentina, figuran numerosos instrumentos, como los siguientes, debidamente aprobados por el Congreso nacional: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kioto, Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, Convención de Basilea, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, Convención sobre Humedales de Importancia Internacional y el Convenio de Viena para protección de la Capa de Ozono, entre muchos otros tratados internacionales sobre medio ambiente de los que es parte Argentina.
Se vienen, pues, tiempos azarosos mientras Milei anuncia, el lunes que acaba de pasar, que se viene un ajuste fiscal. Como ha destacado esta semana Hugo Otero, en nota en el diario La República de Lima, el voto de los millones que le dieron el triunfo a Milei tiene que ver con la extendida percepción -especialmente en las provincias del interior- con necesidades sociales en torno a asuntos muy concretos como alimentarse o conseguir trabajo.
Allí podría estar la sustancia de la votación arrolladora. Y no en asuntos vagos, confusos e inviables como algunos de los más sonoros durante la campaña. Es decir, con responder, especialmente en donde obtuvo su mayor votación (las provincias), como dice Hugo Otero, “a las urgencias concretas de salud, educación, trabajo y a la desesperación que esto produce”. Allí esta, sin duda, el quid de la cuestión.
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