La disputa por los postes: un freno multimillonario a la conectividad
La creciente fricción entre gobiernos municipales y empresas de telecomunicaciones se ha convertido en una barrera que frena inversiones por u$s12.600 millones necesarias para el crecimiento digital de Argentina. Las diferencias surgen principalmente de exigencias arbitrarias y la negativa a compartir infraestructura, lo cual encarece el servicio, afectando la calidad y cobertura para millones de usuarios. Aquí, la tensión latente entre la regulación federal y la autonomía municipal sobre el espacio público cobra protagonismo.
Intervención federal en telecomunicaciones
Ante este panorama de disputas y trabas, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ha tomado cartas en el asunto. En mayo pasado, el organismo dictó resoluciones clave que obligan al uso compartido de infraestructura. El caso de la cooperativa eléctrica de Pehuajó, que fue conminada a ceder sus postes a Mega Sat SRL, sienta un precedente crucial. Estas decisiones subrayan la necesidad de una intervención federal, particularmente en provincias y municipios donde las normativas locales colisionan con el marco legal nacional.
Impacto económico de las regulaciones locales
Según un estudio de Deloitte, el conflicto entre regulaciones locales y nacionales pone en riesgo inversiones vitales proyectadas entre 2025 y 2029, con costos que eventualmente recaen sobre los usuarios finales. Más del 40% del costo de un abono de Internet proviene de impuestos y tasas, y las municipales suelen ser desproporcionadamente altas. El caso de Pehuajó, donde el Enacom obligó al uso compartido de infraestructura, destaca cómo las restricciones locales pueden paralizar el desarrollo tecnológico.
Voces del sector: ilegalidad y perjuicio
Durante un encuentro organizado por Convercom, Alejandro Quiroga López, directivo de Claro Argentina, señaló que estas prácticas municipales son “ilegales, inconstitucionales y altamente perjudiciales”, acusando a algunos municipios de “cerrar las ciudades a la competencia”. Similarmente, Patricio Seoane, de Internet Services, criticó los “blindajes” regulatorios que impiden la competencia efectiva, exacerbando el problema.
Soluciones propuestas y desafíos legales
Pese a que las resoluciones y las sentencias de la Corte Suprema favorecen el marco federal, las trabas locales persisten. En 2019, la Corte declaró inconstitucional una ordenanza en Güemes, Salta, que intentaba desplazar antenas y dificultaba la competencia federal.
Para abordar el problema de la fragmentación normativa, se propone la creación de una ordenanza federal modelo que unifique criterios y regule la compartición de infraestructura de forma clara y uniforme. Además, se sugiere la implementación de una “ventanilla única digital” y el principio de silencio administrativo positivo para agilizar procesos burocráticos. Es fundamental, según expertos, fortalecer al Enacom con competencias legales robustas para defender estas normativas.
El potencial económico del 5G en Argentina, estimado en u$s302.000 millones para 2035 según Deloitte, depende de resolver estos conflictos regulatorios. El desafío radica en lograr un marco federal integral que evite litigios, reduzca costos, y fomente la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
