Conflicto por los postes: una traba a la conectividad
El campo de batalla se sitúa en las calles de los municipios argentinos, donde gobiernos locales y empresas de telecomunicaciones libran una guerra silenciosa por el control de la infraestructura. En juego están inversiones por u$s12.600 millones, consideradas esenciales para el avance digital del país. Las empresas enfrentan obstáculos como las exigencias arbitrarias y severas tasas municipales, elementos que encarecen los servicios para los usuarios finales.
Avance del Enacom: buscando un terreno común
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidió intervenir en esta disputa con una serie de resoluciones aprobadas en mayo, insistiendo en el uso compartido de la infraestructura existente. Esta acción directa refleja una postura firme: la expansión de las telecomunicaciones a nivel nacional necesita ver la colaboración como una norma ineludible. Un ejemplo de este enfoque se dio en Pehuajó, donde una resolución obligó a una cooperativa eléctrica local a permitir que Mega Sat SRL utilizara sus postes.
El costo de la complejidad regulatoria
El impacto de estas luchas regulatorias no se limita a las empresas; afecta directamente al bolsillo de los consumidores. La consultora Deloitte detalla que más del 40% del costo del abono de Internet se destina al pago de impuestos y tasas, con las municipales siendo especialmente elevadas. Este es un tema que se ha evidenciado en la Capital Federal, donde gigantes como Telefónica, Telecom y Telecentro fueron obligados a compartir sus redes para mejorar el acceso y calidad del servicio.
Opiniones del sector: un llamado a la acción
“Estas prácticas son ilegales, inconstitucionales y altamente perjudiciales”, expresó con determinación Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, cuestionando el cierre a la competencia que ejercen ciertos municipios. Mientras tanto, Sergio Rossi de Fibra Óptica Pehuajó (FOPSA) subrayó la necesidad de una intervención decisiva del Enacom para destrabar los proyectos de infraestructura.
Riesgos de un marco fragmentado
Las diligencias judiciales ofrecen esperanza, como se vio en el fallo de la Corte Suprema en 2019 contra una ordenanza salteña, pero el camino está lleno de obstáculos. La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno es persistente, y aunque provincias como Entre Ríos han tomado pasos hacia una normativa más clara, la resistencia municipal sigue siendo fuerte y creativa en sus restricciones, según Agustín Siboldi.
Mirando hacia adelante: soluciones propuestas
Con miras a destrabar esta situación, se han propuesto soluciones desde la industria y organismos de control, como la creación de una ordenanza federal modelo que garantice reglas uniformes para todos los municipios. Además, una ventanilla única digital podría simplificar los procedimientos, mientras que el “silencio administrativo positivo” permitiría avanzar proyectos automáticamente si no se reciben respuestas en plazos establecidos.
La llegada de la quinta generación de telefonía móvil, el 5G, promete un impacto que se evalúa en u$s302.000 millones para 2035, según Deloitte. Este futuro brillante está amenazado por el marco regulatorio actual. Una solución federal integral se presenta como la única vía para promover el desarrollo competitivo y evitar litigios prolongados y costosos.
