El nuevo esquema de denuncias al consumidor: ¿avance o retroceso?
Este martes, el Gobierno libertario encabezado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, implementó cambios significativos en la manera en que los consumidores de todo el país presentan sus denuncias. A través de las Disposiciones 890/2025 y 893/2025, publicadas en el Boletín Oficial bajo la dirección de Fernando Blanco Muiño, se oficializó la creación de la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor.
El nuevo organismo se plantea como el único medio formal para la recepción de quejas, con la promesa de agilizar procesos que, según las autoridades, anteriormente se veían obstaculizados por la falta de participación de algunas provincias. Sin embargo, voces críticas advierten sobre los posibles efectos secundarios de una centralización que podría convertirse en un cuello de botella administrativo, trasladando miles de reclamos que antes se resolvían a nivel local a un único filtro nacional.
Más poder para el Defensor del Cliente, pero ¿a qué costo?
La figura del Defensor del Cliente también experimentó cambios cruciales. La Disposición 893/2025 redefine sus funciones, permitiendo que sus dictámenes tengan carácter vinculante bajo ciertas condiciones. No obstante, se plantean serias preguntas sobre la independencia de este rol, especialmente cuando el defensor puede ser un empleado de la empresa involucrada. Según varios analistas, esta relación podría comprometer la objetividad y llevar a los consumidores a aceptar acuerdos desfavorables, impulsados por el cansancio o la falta de alternativas.
Además, la obligación de las empresas de informar regularmente sobre la actuación del Defensor se ha visto reducida, de un informe trimestral a uno anual, erosionando así uno de los pocos mecanismos de control que el consumidor tenía.
Digitalización: la otra cara de la moneda
En un intento de modernizar el sistema, las disposiciones ahora integran herramientas digitales para agilizar la gestión de los acuerdos. Sin embargo, en esta retórica de modernización subyacen preocupaciones sobre la disminución de la presencia del Estado como mediador entre el consumidor y las grandes empresas. Detrás del telón digital se esconde un escenario donde las grandes corporaciones pueden operar con mayor libertad, en detrimento del usuario común.
El cambio regulatorio también trae consigo la derogación de la Resolución 274/2021, alineándose con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. No obstante, esta movida suscita interrogantes sobre el balance entre innovación y protección al consumidor, un equilibrio esencial en cualquier sociedad que valore la justicia y la equidad en las relaciones comerciales.
